Real Decreto-ley 29/2026: frenan desahucios en España hasta 2030
El Real Decreto-ley 29/2026 entra en vigor este jueves 8 de octubre y pone freno a los desahucios de personas vulnerables en España. La norma, publicada en el BOE, llega en plena disolución de las Cortes y con elecciones generales el 29 de noviembre. Su convalidación queda en manos de la Diputación Permanente del Congreso.
El decreto entra en vigor con el freno a desahucios hasta 2030
La medida estrella suspende lanzamientos hasta el 31 de diciembre de 2030 cuando el demandante sea un fondo o una entidad especializada en compra masiva de créditos fallidos o inmuebles infravalorados. Para el resto de propietarios, la suspensión puede alcanzar tres años, con revisiones anuales y compensación económica por rentas y suministros no percibidos.
El texto introduce además un mecanismo de apoyo al alquiler de emergencia. La administración competente dispone de dos meses desde la notificación judicial para ofrecer vivienda alternativa al inquilino vulnerable. Si no lo hace, debe abonar al propietario la deuda acumulada, las rentas corrientes y las costas para mantener el arrendamiento.
Si transcurridos esos dos meses no hay ni vivienda ni pago, la administración asume la deuda y el inquilino no puede ser desahuciado mientras siga en situación de vulnerabilidad y el contrato esté vigente. El Estado compensará a las comunidades autónomas por estos costes.
Grandes tenedores, bajo la lupa: no podrán comprar por debajo del 70% de la tasación
En las ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual, los demandantes deberán acreditar si son o no grandes tenedores. Además, hasta finales de 2030, los grandes tenedores jurídicos y las compañías compradoras de deuda tienen prohibido adquirir viviendas por menos del 70% de su valor oficial de tasación.
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La norma también regula con mayor rigor los contratos de arrendamiento. Los alquileres de temporada sin causa justificada, o con más de dos contratos encadenados, se convertirán automáticamente en arrendamientos de vivienda habitual. Y en el alquiler por habitaciones, la suma total de las rentas no podrá superar el precio de mercado del alquiler íntegro del inmueble.
La Diputación Permanente decide: convalidación con más opciones que el decreto del 15 de noviembre
Al estar disueltas las Cortes, la convalidación del decreto corresponde a la Diputación Permanente del Congreso. Este texto tiene más probabilidades de salir adelante que un segundo decreto del Gobierno previsto para el 15 de noviembre.
Para el sector inmobiliario, el decreto redefine el mapa de riesgo en la adquisición de carteras de NPL y en la gestión de activos residenciales. Fondos y servicers tendrán que recalcular escenarios de recuperación de activos y plazos de ejecución.
Información publicada originalmente por Brainsre.