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¿Hay que expropiar vivienda a los grandes tenedores?

¿Hay que expropiar vivienda a los grandes tenedores?

Opinión de la redacción de Diario Ladrillo. Los hechos citados proceden de nuestras noticias; la valoración es nuestra y puedes discrepar.

Frente Amplio, la coalición que lidera Ada Colau, arrancó su campaña en Vallecas con una ley para expropiar vivienda a fondos y sociedades en tres fases. La primera alcanzaría a quienes tengan más de 1.000 viviendas, y el umbral iría bajando hasta los 50 inmuebles. Propone además dedicar el 1% del PIB anual a ampliar el parque público. La pregunta que divide: ¿expropiar a los grandes tenedores es la forma más rápida de dar casas a quien no las tiene, o es una vía que no añade ni un hogar?

Sí: las casas ya existen y esperar a construirlas cuesta demasiado

El mejor argumento a favor es el del tiempo. Construir vivienda pública exige suelo, planeamiento, licencias y años de obra. Una vivienda ya construida y ya habitada puede pasar al parque público mucho antes.

Quien defiende esta postura añade un dato que le da la razón en parte. Según los notarios que cita el economista José María Páez, las ventas llevan ocho meses cayendo y en agosto el precio subió casi un 13%. Si el mercado se enfría en operaciones y aun así encarece, sostienen, no basta con esperar a que se corrija solo.

Hay un segundo punto, más de fondo. La propuesta define la vivienda como "la gran aspiradora de riqueza de este país". Para quien lo ve así, que una sola entidad concentre miles de pisos es un problema en sí mismo, porque el hogar es un derecho antes que un activo financiero. Y expropiar no es confiscar: en nuestro marco jurídico, la expropiación exige causa de utilidad pública y compensación.

No: cambiar de casero no crea ni una vivienda nueva

El mejor argumento en contra es aritmético. Un piso expropiado sigue siendo el mismo piso y su inquilino sigue siendo el mismo. Cambia el propietario, pero no aparece ni un hogar más.

Albert Rivera planteó en el Simed de Málaga la paradoja de partida: unos 250.000 hogares más cada año y una oferta que no sigue ese ritmo. Quien defiende esta postura lo resume así: el problema es de producción, y el dinero público destinado a compensar a los propietarios sería dinero que no se gasta en construir.

Hay además una cuestión de confianza. El sector ya habla de "caos normativo" ante el real decreto-ley de vivienda y asegura que hay inversiones relevantes paralizadas. Si eso ocurre con una norma que regula, cabe preguntarse qué hará el capital que financia el alquiler ante una que expropia, con un umbral que además baja con cada fase.

Quienes critican la propuesta señalan, por último, dónde ven el verdadero cuello de botella. Promotoras e inversores reclaman recuperar el agente urbanizador y que la administración tome el mando del suelo. Es decir, más producción, no un cambio de titular.

Y tú, ¿qué piensas?

En Diario Ladrillo creemos que el debate real no es "fondos sí o no". Lo que está en juego es qué problema se quiere resolver primero. Si es el poder de unos pocos propietarios sobre un bien básico, expropiar es una respuesta coherente. Si es que no hay casas para los hogares que se forman cada año, expropiar no la contesta.

También importa el diseño. Un umbral de 1.000 viviendas apunta a un tipo de propietario muy concreto. Uno de 50 inmuebles alcanza a mucha más gente y a mucho más pequeño inversor. Una medida puede ser defendible en su primera fase y mucho más discutible en la última.

No tenemos cerrada la respuesta, y hay datos que faltan: la propuesta, tal como ha trascendido, no detalla compensaciones ni calendario. Así que la pregunta, concreta: si solo pudieras elegir una de las dos, ¿preferirías que el Estado tuviera ya en propiedad miles de viviendas existentes o que empezara a producir suelo y obra nueva a gran escala?

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