Frente Amplio: plan de expropiación para fondos y sociedades

Frente Amplio, la coalición liderada por Ada Colau y situada a la izquierda del PSOE, arrancó su campaña en Vallecas (Madrid) con una propuesta que apunta a los grandes tenedores: una ley para expropiar vivienda a fondos y sociedades en tres fases. La primera alcanzaría a quienes superen las 1.000 viviendas.
La formación cita expresamente a Blackstone y CaixaBank en ese primer escalón. Define la vivienda como "la gran aspiradora de riqueza de este país" y dice querer evitar que sea un negocio. Para ampliar el parque público propone dedicar el 1% del PIB anual.
Expropiación en tres fases: de 1.000 viviendas a 50 inmuebles
El esquema es progresivo y va bajando el umbral de propiedad:
| Fase | Quién queda afectado |
|---|---|
| 1 | Entidades con más de 1.000 viviendas (Blackstone y CaixaBank, citados por nombre) |
| 2 | Propietarios con más de 700 viviendas |
| 3 | Empresas con 50 inmuebles |
El destino de lo expropiado sería la Sareb, la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria. La propuesta contempla asignarle todos los inmuebles urbanos y el suelo residencial afectados, con el objetivo declarado de redistribuir riqueza.
La información disponible no precisa calendario, mecanismo de compensación ni base jurídica de la expropiación. Son tres variables que cualquier asesor de un fondo con cartera residencial querría conocer antes de dar la medida por algo más que un posicionamiento electoral.
Impuesto del 10% por vivienda desde la primera unidad en empresas
El 28 de octubre, la coalición planteó además un gravamen contra la acumulación de vivienda, con el argumento de "proteger a inquilinos y pequeños propietarios". Las condiciones difieren según el tipo de titular:
- Empresas: el impuesto se aplicaría desde la primera vivienda.
- Particulares: desde la cuarta, siempre que el valor conjunto supere los 800.000 euros.
- Tipo: el 10% del valor de cada vivienda, salvo que esté alquilada de forma asequible y estable.
La formación sitúa en el punto de mira a los "fondos buitre" y a las empresas con 50 o más inmuebles en alquiler. Calcula que la norma sacaría al mercado 213.840 viviendas de multipropietarios (cuatro o más unidades) que hoy ni se alquilan ni son residencia habitual. También abarataría otros 72.160 inmuebles ya arrendados. Son estimaciones del propio partido.
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Excepciones y alquiler indefinido: dónde queda margen para el operador
La propuesta exime a determinados titulares. Entre los particulares, quedarían fuera las participaciones minoritarias heredadas, los inmuebles de bajo valor y las circunstancias familiares acreditadas. Entre las personas jurídicas, las cooperativas de vivienda, las administraciones públicas y las entidades sin ánimo de lucro.
La cláusula de alquiler "asequible y estable" funciona como válvula: quien alquile en esas condiciones evita el 10%. La fuente no define qué se entiende por asequible ni por estable, y de esa definición depende el impacto sobre el build to rent.
El programa incluye además regular los pisos turísticos para proteger el uso residencial y establecer contratos de alquiler indefinidos.
Frente Amplio y el inversor residencial: lo que no está escrito
De momento hablamos de un programa de campaña, no de una norma en trámite. Pero el ejercicio es útil para medir el riesgo regulatorio: se perfila una frontera entre quien alquila a precio contenido y quien retiene vivienda vacía, y los umbrales de 50 y 700 viviendas dibujan el perímetro de los operadores afectados.
¿Qué parte de las carteras residenciales institucionales podría acogerse a la excepción del alquiler asequible y estable? Es la pregunta que los equipos de inversión empezarán a hacerse si la propuesta gana tracción.
Información publicada originalmente por Eje Prime.
Imagen: Mediabanco Agencia, CC BY 2.0, vía Wikimedia Commons
