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Real decreto-ley de vivienda: el sector alerta de caos normativo

Real decreto-ley de vivienda: el sector alerta de caos normativo

El sector mide el impacto del real decreto-ley de vivienda validado este jueves por la Diputación Permanente del Congreso y alerta de un "caos normativo". Los expertos consultados advierten de inseguridad jurídica y pérdida de confianza, con inversiones relevantes paralizadas a la espera de una rectificación.

La norma refuerza la protección del inquilino, pero los juristas creen que desatiende la posición del propietario. El malestar alcanza tanto a pequeños arrendadores como a inversores profesionales.

El sector mide el impacto del decreto con el alquiler como principal foco de conflicto

Lourdes Barriuso, abogada especializada en Derecho Inmobiliario y Urbanístico de Barriuso Legal, señala una diferencia creciente entre la protección de arrendadores e inquilinos. El problema es especialmente sensible porque más del 80% del parque de viviendas en alquiler está en manos de particulares, según las estimaciones recogidas por la fuente.

La mayoría de esos propietarios arrienda solo una, dos o tres viviendas. Barriuso sostiene que tienen menos capacidad que las empresas para interpretar la norma y asumir asesoramiento profesional.

  • Renta complementaria: muchas familias usan el alquiler para completar pensiones o pagar cuidados de personas mayores.
  • Vulnerabilidad: la abogada critica que el concepto legal se centre únicamente en el inquilino.
  • Recuperación del inmueble: incluso con un desahucio legal, el propietario puede tardar en recuperar la casa pese a atravesar dificultades económicas.
  • Duración del proceso: la norma da tiempo al ocupante, mientras los tribunales "no son precisamente ágiles" y la vivienda puede deteriorarse.

Barriuso Legal cuestiona una protección nacida durante la pandemia

La letrada recuerda que los actuales conceptos de vulnerabilidad proceden de la pandemia, un episodio imprevisible cuya protección se ha prolongado. Considera razonable amparar al inquilino, pero sostiene que se ha perdido el equilibrio necesario entre ambas partes.

Según su análisis, esa cobertura puede animar a algunos ocupantes a dejar de pagar aunque sigan percibiendo pensiones o prestaciones. El objetivo sería aprovechar un periodo temporal sin abonar la renta hasta verse obligados a abandonar el inmueble.

Los juristas consultados reclaman, por ello, mecanismos que permitan desalojar a quienes incumplan sus obligaciones mensuales. La petición busca evitar que la protección de situaciones reales de vulnerabilidad ampare impagos de personas con ingresos.

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DLA Piper señala dos cambios "muy discutibles y sorprendentes"

José María Oliva, responsable de Real Estate de DLA Piper, identifica dos efectos especialmente relevantes para el capital profesional. El primero afecta a los gastos de fincas arrendadas sin división horizontal, una estructura habitual para evitar costes y una mayor fiscalidad.

Oliva califica de "inusual" que esos propietarios ya no puedan repercutir a los inquilinos los gastos comunes del edificio. La fuente enumera entre ellos el agua, la electricidad, la portería y la limpieza.

El cambio traslada al arrendador costes vinculados al uso y mantenimiento del inmueble. Para un inversor con varias viviendas bajo esa configuración, la repercusión deja de ser una cuestión jurídica abstracta y afecta directamente a la cuenta de explotación.

La fuente no desarrolla el segundo aspecto mencionado por Oliva. Tampoco detalla las inversiones concretas detenidas ni el calendario de una posible modificación del decreto.

Información publicada originalmente por EjePrime.

Imagen: Pexels

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