Suelo: el sector pide recuperar la figura del agente urbanizador

La ley del suelo no basta para desatascar la vivienda en España. Promotoras, gestoras de cooperativas e inversores reclaman recuperar la figura del agente urbanizador y financiar su gestión, con las administraciones públicas tomando el mando del suelo y de su desarrollo.
La reclamación llega en un momento políticamente cargado: la primera huelga general en catorce años, convocada para reclamar un mejor acceso a la vivienda, y una campaña electoral no oficial de cara al 29 de noviembre. Mientras los partidos centran sus propuestas en ayudas a empresas y usuarios finales, el sector señala al suelo como la palanca real para acelerar la producción.
La ley del suelo se queda corta sin gestión pública del desarrollo
Juan José Perucho, vicepresidente y director general de Grupo Ibosa y presidente de la Asociación de Gestores de Vivienda (AGV), lo planteó durante el II Congreso de la International Construction Week. Su diagnóstico: financiar, bajar impuestos y repartir subvenciones solo beneficia a unos pocos "privilegiados" sin resolver el problema de fondo.
Perucho calificó de "absolutamente increíble" que la normativa vigente pueda devolver a una promotora a la casilla de salida por un solo documento que falte. Su propuesta pasa por leyes que agilicen los nuevos desarrollos para aumentar la oferta.
El sector promotor lleva años pidiendo una regulación estatal actualizada y ágil que ordene el urbanismo. Ahora sostiene que la brecha entre oferta y demanda exige, además, reactivar instrumentos que ya funcionaron.
Consorcios urbanísticos: el modelo de Rivas, Parla y Móstoles
La referencia de Perucho son los consorcios urbanísticos que conoció hace entre 15 y 20 años. Administraciones autonómicas y municipales acordaban comprar o expropiar suelo para desarrollar grandes ámbitos, como ocurrió en Rivas, Parla y Móstoles.
La figura del agente urbanizador se reguló primero como norma autonómica en la Comunidad Valenciana en los años 90 y después se generalizó. Permitía a entidades públicas controlar el suelo, como propietarias o como gestoras del desarrollo, para impulsar actuaciones inmobiliarias por un interés común superior.
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Bajo ese esquema, las administraciones o entidades públicas asumían el liderazgo de la tramitación urbanística del proyecto. Perucho citó dos ejemplos: Arpegio, en la Comunidad de Madrid, y el extinto Sepes, transformado en Casa 47.
El 29 de noviembre como primer test de la propuesta
El contraste con el debate político es directo. Los partidos han puesto el foco en subvenciones a compañías y compradores, y el sector responde que sin suelo desarrollado esas ayudas no generan vivienda nueva a la escala necesaria.
Para inversores y gestoras de cooperativas, la implicación es concreta: el cuello de botella no estaría en la demanda ni en la financiación del comprador, sino en quién tramita, financia y entrega el suelo urbanizable. La petición traslada ese riesgo de tramitación a entes públicos con capacidad de compra o expropiación.
La próxima cita es el 29 de noviembre, con la campaña electoral ya en marcha de facto. Queda por comprobar si algún partido incorpora a su programa el retorno del agente urbanizador y la financiación de su gestión, o si el debate sigue anclado en las ayudas.
Información publicada originalmente por Ejeprime.
Imagen: Asamblea Nacional del Ecuador, CC BY-SA 2.0, vía Wikimedia Commons
