Centros de datos: operadoras amenazan con dejar España
El sector de centros de datos ha dibujado una línea roja ante el Gobierno de Pedro Sánchez. Las grandes operadoras exigen rebajar del 80% al 35% el umbral de energía renovable exigido en el polémico borrador de real decreto que el Consejo de Ministros aceleró el pasado 26 de agosto. Tres grupos internacionales ya han amenazado con abandonar proyectos en España si la norma se aprueba sin cambios.
La tensión saltó a la palestra durante la presentación del nuevo complejo ADC3 de Nabiax en Alcalá de Henares, un acto convertido en tribuna de presión contra la regulación. Emilio Díaz, presidente de la Spanish Data Center Association (SpainDC), calificó el requisito del 80% como "imposible e incomprensible". Advirtió que la medida no solo frenaría la inversión, sino que barrería del mapa a las empresas emergentes del sector.
35%, la cifra que el sector propone para salvar la inversión
La propuesta alternativa del lobby es clara: fijar el umbral en el 35%, un nivel equiparable a la matriz energética actual española. Esta cifra supondría recortar a la mitad las exigencias del Ejecutivo y, según los operadores, alinearía a España con los estándares europeos.
El argumento central es la seguridad jurídica. El sector sostiene que el marco regulatorio debe garantizar estabilidad a largo plazo para que los inversores apuesten por el territorio español. La inversión en centros de datos exige horizontes de década; un cambio normativo drástico desactiva el cálculo de rentabilidad.
El borrador estuvo abierto a consulta pública hasta el pasado 4 de septiembre y acumuló más de 600 alegaciones de empresas y administraciones públicas. La respuesta del Gobierno, de momento, ha sido mantener el tipo. Pedro Sánchez defendió la propuesta en una columna para Bloomberg el 17 de septiembre.
La apuesta de Nabiax: 800 millones y 100 MW pese a la incertidumbre
Pablo Ruiz-Escribano, consejero delegado de Nabiax, aprovechó la presentación de ADC3 para subrayar las oportunidades que España dejaría escapar. El complejo, con una inversión cercana a los 800 millones de euros, aportará hasta 100 MW de potencia IT y tiene fecha de finalización en 2029.
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Ruiz-Escribano enmarcó el proyecto como ejemplo de lo que está en juego. Una regulación demasiado restrictiva, argumentó, podría desviar estas infraestructuras hacia otros mercados europeos con reglas más permisivas.
La "soberanía digital" como argumento de peso
El debate ha trascendido el terreno empresarial para enredarse con la geopolítica tecnológica. Isaac Hernández, director general de Google Cloud para España y Portugal, citó un informe del Financial Times durante el acto: Estados Unidos concentra el 75% de la capacidad computacional mundial, mientras Europa no llega al 5%.
Hernández instó a España a no desperdiciar la oportunidad de corregir ese desequilibrio. El mensaje, implícito: la sostenibilidad es innegociable, pero no puede erigirse en arma autodestructiva para la competitividad del continente.
El sector se declara partidario de la transición energética. Su advertencia es que el crecimiento y la descarbonización deben caminar en paralelo, no en direcciones opuestas. ¿Logrará el Ejecutivo negociar una vía intermedia antes de que la fuga de proyectos se materialice?
Información publicada originalmente por EjePrime.