Sergi Vélez: polémica por la gestión de 30 viviendas en alquiler
Gonzalo Bernardos ha cargado contra la pareja de Montse Mínguez por gestionar más de 30 viviendas en alquiler y ejecutar desahucios, al tiempo que critica el doble rasero político que distingue entre propietarios particulares y fondos de inversión. El economista y profesor universitario ha intervenido en la polémica que salpica a la portavoz del PSOE y diputada por Lleida, cuyo compañero sentimental, Sergi Vélez, controla un patrimonio inmobiliario vinculado a una treintena de pisos arrendados.
La crítica de Gonzalo Bernardos a la pareja de Mínguez: 30 viviendas y desahucios
Las empresas de Vélez gestionan una cartera de más de 30 inmuebles destinados al alquiler, según las informaciones publicadas que vinculan al empresario con este volumen de activos. Bernardos ha señalado directamente la actividad de la pareja de la dirigente socialista, señalando que desahucia a quienes no pagan las rentas.
El economista no cuestiona la tenencia de propiedades ni su explotación mediante arrendamientos. Considera legítimo que permitan alojar a 30 o más inquilinos y defiende que la protección social corresponde a la Administración. Su reproche se centra en la aplicación de criterios distintos según quién ejerza la propiedad.
El argumento del doble rasero: Urbagestión frente al negocio familiar
Bernardos ha construido su crítica sobre una comparación específica. Cuestiona que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, califique a un propietario como "pyme muy carroñera" por tomar una decisión equivocada, mientras se aplica otro estándar al entorno de la portavoz parlamentaria.
El economista plantea la paradoja de que Urbagestión sea considerada un fondo buitre para Montse Mínguez, pero no lo sea su pareja cuando dispone de muchas más propiedades. Denuncia así un trato desigual hacia negocios inmobiliarios similares dentro del debate político actual.
Su tercer reparo apunta a la fiscalidad. Bernardos rechaza que pagar impuestos se presente como un mérito cuando constituye una obligación legal.
Seguridad jurídica y los últimos decretos-ley del Gobierno
El profesor ha vinculado esta controversia con el deterioro de la seguridad jurídica en el mercado del alquiler. Sostiene que los propietarios prefieren garantías legales antes que rentabilidad cuando deben elegir entre ambas variables.
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Bernardos responsabiliza directamente al Ejecutivo de esta situación. Atribuye el hundimiento de la seguridad jurídica a las diferentes medidas adoptadas, especialmente a los dos últimos decretos-ley aprobados.
Sus declaraciones llegan tras las protestas generadas por el desahucio de Maricarmen, episodio que ha reavivado el debate sobre la regulación del arrendamiento urbano y las políticas de vivienda del Gobierno.
La defensa de Mínguez y la legalidad del negocio inmobiliario
Montse Mínguez ha defendido la legalidad del negocio familiar y ha negado que se hayan producido desahucios de personas en situación de vulnerabilidad. La dirigente socialista sostiene que sus empresas cumplen la normativa de vivienda vigente.
La portavoz parlamentaria diferencia el alquiler gestionado por una compañía familiar de las prácticas que su partido atribuye a los fondos buitre. Esta distinción constituye el núcleo de su argumentación frente a las acusaciones de incoherencia.
La polémica enfrenta las críticas por doble moral dirigidas a Mínguez con su defensa de la actividad empresarial de Vélez. El debate refleja las tensiones entre la propiedad privada, la regulación del alquiler y la coherencia política en materia de vivienda.
Información publicada originalmente por El Confidencial.
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