El 75% de la riqueza española es vivienda: el Estado no puede fallar
Opinión de la redacción de Diario Ladrillo. Los hechos citados proceden de nuestras noticias; la valoración es nuestra y puedes discrepar.
La política de vivienda en España ha dejado de ser una cuestión sectorial para convertirse en la principal variable de estabilidad económica del país. Cuando el economista Gonzalo Bernardos recuerda que el 75% de la riqueza de las familias españolas está en la viviendano está describiendo una anécdota patrimonial: está señalando el punto exacto donde cualquier error regulatorio se convierte en crisis sistémica.
Esta semana, mientras el Congreso rechazaba decretos y el Gobierno los revalidaba por la vía de urgencia, mientras se anunciaban frenos a los desahucios hasta 2030 y topes del 2% a las revisiones de alquiler, quedó claro que estamos jugando con fuego. No se puede tratar el activo que sostiene tres cuartas partes del patrimonio nacional con la misma ligereza que una normativa técnica de telecomunicaciones.
El 75% de la riqueza familiar no admite experimentos regulatorios
La concentración patrimonial que describe Bernardos en El Confidencial no es un dato más: es la estructura misma de la economía española. Cuando tres de cada cuatro euros de las familias están inmovilizados en ladrillo, cualquier cambio en las reglas del juego tiene efectos multiplicadores sobre el consumo, el ahorro y la estabilidad financiera de millones de hogares.
El problema no es regular el mercado, sino hacerlo con la volatilidad que hemos visto esta semana. El Real Decreto-ley 29/2026 que frena desahucios hasta 2030, aprobado en plena disolución de las Cortes y pendiente de convalidación por la Diputación Permanente, es un ejemplo de cómo no gestionar un activo que representa el 75% del patrimonio nacional. La incertidumbre jurídica sobre un bien de esta magnitud genera desconfianza que trasciende al sector inmobiliario.
El Estado asume riesgos que no puede cuantificar
La espiral intervencionista ha alcanzado un nuevo nivel con la medida estrella del decreto: las administraciones públicas asumirán las deudas de alquiler de los inquilinos vulnerables si no logran realojarlos en dos meses. Es un mecanismo automático que convierte al contribuyente en fiador último del mercado del alquiler.
Al mismo tiempo, la calculadora del Ministerio de Vivienda ya aplica un tope del 2% a las revisiones anuales hasta 2027, mientras se endurecen las condiciones para los fondos de inversión. La paradoja es evidente: se pretende proteger al inquilino vulnerable asumiendo riesgos fiscales incalculables, mientras se desincentiva la oferta que podría resolver el problema de fondo. Cuando el 75% de la riqueza está en juego, el Estado no puede permitirse improvisar mecanismos de contingencia sin evaluar su impacto sobre el valor del activo principal de las familias.
La estabilidad que reclama el sector es estabilidad para todos
La reacción del sector ha sido unánime. ApcEspaña, Asval, Asprima y la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI) han reclamado esta semana estabilidad regulatoria, denunciando la falta de diálogo previo a los decretos. No se trata de defender privilegios corporativos, sino de proteger la confianza que sostiene el valor del patrimonio familiar.
Cuando los promotores advierten de que la falta de seguridad jurídica frena proyectos que podrían aliviar el déficit de vivienda, están señalando una verdad incómoda: la volatilidad regulatoria destruye valor para todos. Para el fondo institucional que duda en invertir, pero también para la familia cuyo principal activo pierde liquidez o valor por la incertidumbre normativa. La estabilidad que piden los operadores es la misma que necesita el propietario medio para mantener el valor de ese 75% de su riqueza.
¿Y si la intervención es necesaria?
La objeción más fuerte a nuestra postura es evidente: el mercado por sí solo no ha resuelto la crisis de asequibilidad. Los casos de Maricarmen y el desahucio de personas vulnerables son reales y exigen respuesta. La huelga general convocada para el 11 de noviembre demuestra que la presión social es insostenible.
Reconocemos que el statu quo anterior era inaceptable. Pero la solución no puede ser una intervención errática que ponga en riesgo el principal activo de las familias españolas. Proteger al inquilino vulnerable no exige destruir la confianza en el activo que sostiene la economía doméstica. Es posible, y necesario, diseñar políticas de vivienda que no conviertan el 75% del patrimonio nacional en un campo de batalla política.
Para que esta redacción cambie de opinión, necesitaríamos ver una correlación clara entre las medidas intervencionistas y un aumento real de la oferta de vivienda asequible, sin deterioro del valor patrimonial ni aumento del riesgo fiscal para el Estado. Mientras tanto, la pregunta queda abierta: ¿estamos dispuestos a hipotecar el 75% de la riqueza de las familias españolas para financiar experimentos regulatorios de resultado incierto?