Vivienda en España: el CIS lanzará un nuevo barómetro social

El CIS y el Gobierno preparan un barómetro sobre vivienda que costará 288.000 euros y se publicará en noviembre. El Centro de Investigaciones Sociológicas y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana han firmado un convenio para la tercera edición de este estudio, una herramienta clave para diseñar políticas públicas en un sector que los españoles señalan como su principal problema desde diciembre de 2023. La inversión se reparte a partes iguales entre ambas instituciones, aunque la aportación del CIS será en especie, sin necesidad de modificación presupuestaria.

288.000 euros y 6.000 entrevistas: el diseño del nuevo barómetro

El estudio se ejecutará mediante 6.000 entrevistas telefónicas que recogerán percepción ciudadana sobre múltiples dimensiones del problema residencial. El objetivo declarado es alimentar el diseño y la evaluación de políticas públicas orientadas a garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna, un mandato que el Ejecutivo intenta traducir en medidas concretas ante la presión social.

Los ejes de análisis cubren cinco áreas estratégicas. El primero mide la prioridad relativa de la vivienda frente a otros problemas nacionales. El segundo aborda demanda y accesibilidad, tanto en alquiler como en propiedad. El tercero recoge preferencias sobre políticas públicas. Los dos últimos son especialmente sensibles para el inversor: el auge de los alquileres turísticos, la concentración de la propiedad y el impacto de la inversión extranjera en el mercado residencial español.

La elección de la metodología telefónica, tradicional en el CIS, garantiza comparabilidad temporal con las ediciones previas de 2014 y 2018. Sin embargo, limita la capacidad de capturar datos geolocalizados o comportamentales que otras fuentes, como los registros de transacciones o las plataformas digitales de alquiler, sí proporcionan.

Tercera edición tras seis años de silencio: qué cambió en el mercado

El CIS ya había publicado dos barómetros de vivienda previos: uno en octubre de 2014, en plena recuperación post-crisis inmobiliaria, y otro en abril de 2018, cuando el alquiler comenzaba a tensionarse en grandes ciudades. A aquella última edición le siguió un estudio específico sobre jóvenes y vivienda en abril de 2010, en los años más duros del estallido de la burbuja.

La trayectoria del indicador de preocupación ciudadana ilustra la aceleración del problema. La vivienda no figuraba entre las principales preocupaciones durante la pandemia, cuando la salud y la economía ocuparon el primer plano. Su ascenso sostenido desde finales de 2023 coincide con la escalada de precios en alquiler y compra, la reducción de stock disponible y la proliferación de operaciones de fondos de inversión en el sector residencial español.

En mayo de 2024, el dato alcanzó su máximo: el 48,8% de los encuestados por el CIS señaló la vivienda como el principal problema del país. Ese porcentaje superó con creces a clásicos competidores como el paro, la corrupción o la sanidad, una rareza en la historia reciente de la barometría sociológica española. La cifra justifica políticamente la reactivación de un instrumento que llevaba seis años aparcado.

Inversión extranjera y alquiler turístico: dos variables bajo la lupa

La inclusión explícita de la inversión extranjera como variable de estudio introduce un componente de incertidumbre regulatoria relevante para fondos y family offices. En los últimos años, el capital internacional ha escalado posiciones en el residencial español, desde la compra masiva de vivienda de segunda mano por fondos como Blackstone o Cerberus hasta la entrada de inversores asiáticos y medio orientales en desarrollos de lujo en Madrid, Barcelona y el litoral mediterráneo.

El barómetro no tiene capacidad vinculante, pero sus resultados alimentarán el discurso político. Un dato de percepción negativa sobre la inversión extranjera podría acelerar propuestas de restricción ya esbozadas por el Gobierno, como la tasa del 100% para compras de no residentes en zonas tensionadas. Para los operadores, la publicación de noviembre será un hito de riesgo reputacional y, potencialmente, regulatorio.

El alquiler turístico constituye otra variable de alto impacto. La proliferación de plataformas digitales y la conversión de stock residencial a uso turístico han reducido la oferta de alquiler tradicional en centros urbanos y zonas costeras. La percepción ciudadana recogida por el CIS podría reforzar las medidas de contención ya aplicadas por algunos ayuntamientos y abrir la puerta a marcos más restrictivos en la próxima legislatura.

Noviembre de 2024: un calendario político cargado

La fecha de publicación, noviembre de 2024, sitúa el barómetro en un contexto electoral complejo. El Gobierno de coalición enfrenta presiones contradictorias: satisfacer la demanda de intervención en el mercado sin ahuyentar la inversión que el país necesita para cumplir los objetivos de vivienda del Plan de Recuperación.

Para el inversor institucional, el calendario implica una ventana de evaluación. Los resultados del CIS llegarán tras el verano, cuando tradicionalmente se acelera la actividad legislativa pre-presupuestaria. Si los datos confirman la percepción de inaccesibilidad y culpabilizan a actores externos, la probabilidad de medidas restrictivas crecerá. Si, por el contrario, muestran moderación o priorizan otros factores, el espacio de negociación para el sector privado se ampliará.

La aportación del CIS "en especie" permite al Ministerio de Vivienda externalizar costes sin sobrecarga presupuestaria, una fórmula administrativa habitual en convenios interadministrativos. El Ministerio asume los 144.000 euros de edición, lo que sugiere control sobre el formato y la difusión de los resultados finales.

Información publicada originalmente por Brains RE.