Ley de Propiedad Horizontal: el uso de ascensores para VMP

La Ley de Propiedad Horizontal no prohíbe de forma general subir bicicletas y patinetes en el ascensor, pero sí da a las comunidades herramientas para restringir ese uso si se aprueba con las mayorías correctas. El debate, recurrente en edificios con cabinas pequeñas y puertas dañadas, tiene respuesta en los artículos 6, 7.2, 17 y 18 de la norma. Y la clave no está en la queja vecinal, sino en cómo se vota y qué dicen los estatutos.

El artículo 6 de la Ley de Propiedad Horizontal: la base para regular el ascensor

La norma permite aprobar normas de régimen interior para organizar la convivencia y el uso de los servicios comunes. Esa capacidad, recogida en su artículo 6, debe ejercerse respetando la legislación y los estatutos del edificio.

Llevar una bicicleta o un patinete hasta el domicilio no es, por sí mismo, una infracción. La comunidad puede acordar condiciones para proteger las instalaciones y, cuando proceda legalmente, establecer restricciones que lleguen a impedir determinados usos.

El matiz importa: no es lo mismo exigir precauciones para evitar desperfectos que aprobar una prohibición absoluta que limite el derecho a utilizar el ascensor. El alcance de la medida, su justificación y las reglas del inmueble determinan su validez.

Mayoría simple o unanimidad: la votación decide si la prohibición resiste

Las normas ordinarias de régimen interior siguen el sistema general de mayorías del artículo 17, que combina votos de propietarios y cuotas de participación. En segunda convocatoria, los acuerdos pueden adoptarse por mayoría de asistentes, siempre que representen más de la mitad de las cuotas presentes.

No todas las prohibiciones caben por esa vía. Si el acuerdo modifica los estatutos, puede exigir unanimidad. Y una votación favorable no convierte automáticamente cualquier restricción en válida.

• Norma de régimen interior: mayoría de asistentes en segunda convocatoria, con más de la mitad de las cuotas presentes.
• Cambio estatutario: puede requerir unanimidad de la comunidad.
• Acuerdo contrario a ley o estatutos: impugnable aunque haya salido adelante en junta.

Daños, conductas peligrosas y el papel del presidente

Los daños y las conductas peligrosas tienen regulación propia. El artículo 7.2 contempla las actividades prohibidas en los estatutos, perjudiciales para la finca o contrarias a las disposiciones sobre actividades molestas o peligrosas.

Una queja aislada no acredita necesariamente esos supuestos. Cuando concurren las condiciones legales, el presidente puede requerir el cese de la actividad y, si persiste, acudir a los tribunales con autorización de la junta.

Los propietarios, por su parte, pueden impugnar los acuerdos en los casos previstos por el artículo 18: los contrarios a la ley o a los estatutos y los que causen determinados perjuicios o impliquen abuso de derecho.

Soluciones antes del juzgado: capacidad, cuidado y un espacio donde guardarlos

Antes de llegar al conflicto judicial caben salidas más sencillas: respetar la capacidad del ascensor, transportar los vehículos sin causar daños o estudiar un espacio común donde guardarlos. La convivencia pasa por ajustar las normas al problema real del edificio.

Para administradores de fincas y propiedades en renta, el mensaje práctico es claro: una prohibición redactada y votada correctamente resiste una impugnación; una aprobada a la ligera, no. El coste de hacerlo mal no lo paga la junta, lo paga la comunidad en litigios.

La próxima vez que salte la discusión en una junta de vecinos, la pregunta correcta no es si se puede prohibir. Es qué mayoría exige el acuerdo que se pretende aprobar y si los estatutos lo amparan.

Información publicada originalmente por El Confidencial.

Imagen: Babels, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons