Asval: la diferencia entre vivienda social y asequible
Laura Fernández, directora general de Asval, ha trazado una línea roja entre vivienda social y asequible. En su opinión, el sector público debe liderar la primera, mientras que el privado tiene el mando en la segunda. Es una distinción que pone en cuestión buena parte del debate regulatorio actual en España.
La entrevista, enmarcada en la iniciativa #NewVoices2026 de EjePrime, sitúa a Fernández como una de las voces emergentes del real estate español. Llegó al sector residencial en 2013, justo cuando los primeros fondos de inversión aterrizaban en el país. Su perfil fiscalista le permite leer el mercado con una lupa puesta en el marco normativo, no solo en los precios.
Asval ya anticipó en 2020 el "shock de oferta" que ahora preocupa al mercado
La asociación que Fernández dirige alertó hace seis años de una escasez estructural de vivienda. Entonces, pocos le dieron trascendencia. Hoy, la tensión entre oferta y demanda es uno de los temas centrales del sector residencial español.
Su diagnóstico apunta a un factor que suele quedar en segundo plano: la incertidumbre legal. Fernández critica el uso recurrente de decretos que se sabe que no serán validados. Esa práctica genera, en sus palabras, "situaciones jurídicas dudosas" que acaban paralizando la creación de nueva vivienda.
El argumento es directo. Sin estabilidad normativa, los promotores y fondos aplazan decisiones de inversión. El coste de esa espera lo pagan, en última instancia, los inquilinos.
Bruselas y el desacuerdo de Asval sobre controles de alquiler y vivienda turística
La Comisión Europea ha propuesto recientemente medidas para mejorar el acceso a la vivienda. Fernández las aborda con dos objeciones concretas.
Controles de alquiler. Bruselas admite que la intervención en precios solo tiene sentido bajo tres condiciones simultáneas: tensión extrema, inaccesibilidad demostrada y fracaso de medidas previas. Fernández sostiene que España, y muy especialmente Cataluña, no cumple ese perfil. El modelo español, argumenta, es "radicalmente distinto" al europeo.
Vivienda turística. La asociación no ve evidencia empírica ni datos suficientes que vinculen la proliferación de alquileres vacacionales o segundas residencias con la falta de vivienda asequible. Sin ese nexo causal, considera prematuro y jurídicamente problemático apuntar a ese segmento sin consenso político previo.
La batalla por la seguridad jurídica, próximo escenario del sector
El mercado de alquiler español se enfrenta a una encrucijada. Por un lado, la presión política por contener precios. Por otro, la advertencia de los propietarios institucionales: sin reglas claras y estables, la oferta no crecerá.
Fernández representa la postura de los grandes tenedores de vivienda en alquiler. Asval agrupa a los principales actores del segmento residencial privado en España. Su posición influye en cómo fondos y socimis calibran riesgo regulatorio antes de desembolsar.
La pregunta que queda en el aire es si el Gobierno y las comunidades autónomas lograrán consensuar un marco que no espante la inversión privada mientras atienden la demanda social de vivienda accesible. El reloj corre: la legislatura avanza y el sector necesita decisiones, no solo decretos.
Información publicada originalmente por EjePrime.