SpainDC: El riesgo regulatorio que costaría 24.000 millones

SpainDC alerta del riesgo regulatorio en centros de datos: un decreto que puede costar 24.000 millones

SpainDC alerta del riesgo regulatorio en centros de datos con una contundencia que el sector no había mostrado hasta ahora. La asociación, que agrupa a los principales operadores de infraestructuras digitales en España, considera que el anteproyecto de Real Decree del Gobierno situaría al país como uno de los entornos regulatorios más restrictivos de la Unión Europea. La factura potencial: una caída del 36% en la inversión prevista para 2026-2030, equivalente a unos 24.000 millones de euros que podrían desviarse hacia otros mercados europeos.

El texto, que busca establecer requisitos de sostenibilidad energética, resiliencia y soberanía digital, parte de objetivos que SpainDC no rechaza de plano. La asociación comparte la apuesta por la eficiencia y la soberanía tecnológica. El problema radica en la combinación de obligaciones exigentes con plazos de implementación que califica de desproporcionados, especialmente el semestre de adaptación previsto para proyectos ya en marcha.

El impacto no es teórico. Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC, ha puesto nombre a la amenaza: algunos inversores ya están barajando mercados alternativos dentro de la UE. La demanda de servicios Cloud e inteligencia artificial no se detendrá; simplemente se atenderá desde otros países si España cierra la puerta con regulaciones punitivas.

Emilio Díaz y el "cambio de reglas a mitad de partido"

Emilio Díaz, presidente de SpainDC, ha centrado su crítica en un punto que resuena con especial fuerza entre promotores e inversores: la aplicación retroactiva del decreto a proyectos comprometidos. Estas operaciones implican contratos de largo plazo sobre suelo, financiación, construcción y suministro energético que no se pueden renegociar en seis meses.

Cambiar las reglas a inversores que ya han tomado decisiones irreversibles genera, en palabras de Díaz, inseguridad jurídica. Y en el mercado de centros de datos, donde el ciclo de desarrollo supera fácilmente los tres años desde la adquisición de suelo hasta la puesta en marcha, la certeza regulatoria es tan valiosa como la conectividad eléctrica o de fibra.

La asociación ha anunciado que presentará alegaciones formales durante la tramitación del decreto. Su objetivo no es bloquear la norma, sino lograr un marco equilibrado que preserve la competitividad del país como hub digital europeo, una posición que España ha construido durante la última década con inversiones millonarias en Madrid, Barcelona y otros nodos secundarios.

De 66.900 a 42.800 millones: la brecha entre dos escenarios

SpainDC ha cuantificado el riesgo con una precisión que deja poco margen para la interpretación. Bajo escenario de continuidad, la inversión directa e indirecta acumulada entre 2026 y 2030 alcanzaría los 66.900 millones de euros. Bajo un escenario restrictivo, como el que dibuja el anteproyecto actual, esa cifra caería a aproximadamente 42.800 millones.

La merma del 36% no afecta solo a los grandes operadores internacionales. El ecosistema español de proveedores locales, empresas de ingeniería, constructoras especializadas y operadores de energías renovables vive en buena parte de la demanda inducida por estos proyectos. Un centro de datos de hiperscaler genera cientos de empleos directos y miles indirectos durante su fase de construcción, además de contratos de compra de energía renovable a largo plazo que estabilizan parques eólicos y fotovoltaicos.

La comparativa con otros mercados europeos resulta elocuente. Irlanda, Países Bajos y Alemania han desarrollado marcos regulatorios que equilibran sostenibilidad y atractivo inversor, a menudo con periodos de transición más amplios y exclusiones claras para proyectos en fase avanzada de desarrollo. España arriesga, según SpainDC, el efecto contrario: una normativa que sirva de caso de estudio en cómo no diseñar política sectorial.

La trampa del efecto desplazamiento

Begoña Villacís ha introducido un argumento que debería inquietar a quienes ven en la regulación restrictiva una victoria ambiental. La demanda de capacidad de computación para IA y servicios Cloud no desaparecerá si España la dificulta; simplemente se satisfará desde centros de datos ubicados en países con menor ambición climática o con mayor dependencia de combustibles fósiles para su matriz energética.

Este efecto desplazamiento, bien documentado en economía ambiental, anularía buena parte del beneficio climático perseguido por el decreto. Un centro de datos alimentado con energía eólica en Navarra o Aragón podría verse sustituido por otro en Polonia o Rumanía con mayor intensidad de carbono, sin reducción neta en emisiones globales y con pérdida de riqueza y empleo para España.

El timing no puede ser peor. La carrera por la soberanía digital europea, acelerada por la pandemia y las tensiones geopolíticas, sitúa a los centros de datos como infraestructura estratégica comparable a los puertos o las redes ferroviarias. Francia e Italia han incluido explícitamente estos activos en sus planes de soberanía tecnológica. España, con ventajas climáticas y energéticas notables, parece dispuesta a desperdiciarlas por una tramitación apresurada.

El calendario de alegaciones y el pulso con el Ministerio

SpainDC ha confirmado que ejercerá su derecho de participación en la consulta pública del anteproyecto. La asociación busca modificaciones concretas: ampliación del periodo de adaptación, salvaguardas para proyectos en curso y un mecanismo de revisión que evite la rigidez regulatoria que ahora detecta.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que impulsa el decreto, parte de la premisa de que España necesita estándares propios ante la ausencia de regulación armonizada a nivel europeo. El reglamento EU sobre centros de datos, previsto para 2027, dejaría a España con una norma nacional que podría ser incompatible con la futura legislación comunitaria. SpainDC sugiere que la prudencia pasaría por esperar ese marco común o, al menos, diseñar la norma española con cláusulas de revisión automática.

La resolución del conflicto marcará el ritmo de inversión en el sector durante los próximos trimestres. Los fondos de infraestructuras y los hyperscalers norteamericanos, principales inyectores de capital en el mercado español, están en periodo de evaluación de portfolios europeos. Una señal de inseguridad desde Madrid puede desequilibrar decisiones que luego son difíciles de revertir, dado el largo ciclo de estos activos.

¿Logrará SpainDC doblegar el calendario ministerial? La asociación cuenta con el respaldo de operadores que han invertido miles de millones en suelo y proyectos, pero el Gobierno navega bajo presiones contradictorias: la urgencia de posicionarse como líder europeo en sostenibilidad digital y la necesidad de no ahuyentar a quienes deben financiar esa transición. La negociación que viene definirá si España compite con Frankfurt o se queda con la etiqueta de mercado hostil para quienes mueven el ladrillo del siglo XXI.

Información publicada originalmente por Brain's RE News.