SOCIMI residenciales: el impuesto subirá del 15% al 25%
El Gobierno va a por las SOCIMI residenciales. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un decreto de medidas urgentes de vivienda que eleva el impuesto de sociedades sobre beneficios no distribuidos del 15% al 25% para este tipo de vehículos, según adelanta Eje Prime. La medida, ya rechazada en su día por falta de apoyo parlamentario, resucita ahora con una vía fiscal que discrimina entre activos residenciales y el resto del ladrillo.
De 15% a 25%: el tipo impositivo que el Ejecutivo quiere para las SOCIMI de vivienda
La propuesta establece un tipo general del 25% para las SOCIMI con cartera residencial. Este tramo se sitúa diez puntos por encima del actual 15% y equipara la carga fiscal de estos vehículos a la de las sociedades cotizadas ordinarias.
El texto introduce, no obstante, dos vías de bonificación. Las SOCIMIs que destinen al menos el 80% de sus activos a vivienda asequible obtendrán una reducción del 50% en la cuota. Si, además, reinvierten la totalidad de los beneficios no distribuidos en promover más vivienda asequible en un plazo de tres años, la bonificación alcanza el 100%, es decir, exención total.
El concepto de vivienda asequible se define, en línea con versiones previas, por rentas inferiores al índice de precios del Ministerio de Vivienda o por un tope de 26.400 euros anuales. También entran las viviendas de protección oficial y aquellas cuya renta no supere el 30% de los ingresos del hogar, siempre que constituyan residencia habitual.
Hoteles, oficinas y logística se libran: el muro que separa al residencial del resto del sector
La subida fiscal no afectará a las SOCIMI con activos en hoteles, oficinas, logística o centros comerciales. Merlin Properties, Colonial, Hotei o Hlre, entre otras, mantendrán su tipo del 15% sin alteración.
Esta delimitación genera una asimetría regulatoria que el sector ya ha empezado a criticar. Ana de Luis, de Abbaco Markets, ha calificado la medida de generadora de "inseguridad jurídica" y ha advertido de que puede ahuyentar la inversión en residencial justo cuando el mercado necesita más stock, no menos apetito institucional.
La exclusión del resto de activos inmobiliarios responde a una lógica política: el Ejecutivo centra su presión en el segmento que percibe como tensionador de precios para el arrendatario medio, mientras deja fuera de la diana al ladrillo productivo y turístico, sectores con otros lobbies parlamentarios y menor exposición mediática.
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El 'flex living' y el alquiler turístico, también en el punto de mira
El decreto no se limita a la fiscalidad de las SOCIMI. El Gobierno contempla redefinir como arrendamiento habitual una sucesión de más de dos contratos temporales, una fórmula que afecta directamente al modelo de flex living y a las operadoras de alquiler por meses que han proliferado en Madrid y Barcelona.
Paralelamente, el texto incluye una sobrecarga del IBI de hasta el 100% para las viviendas destinadas a alquiler turístico. Esta medida, ya ensayada en ciertos municipios, se eleva ahora a rango nacional como palanca de contención del uso turístico del parque residencial.
Ambas medidas apuntan a un mismo objetivo: estrechar el cerco a los formatos de arrendamiento que el Ejecutivo considera que competen con el stock de vivienda permanente, ya sea por rotación de inquilinos o por desvío hacia el mercado visitante.
Junts, de nuevo la llave: el martes en el Consejo de Ministros
El decreto llega al Consejo de Ministros el próximo martes, pero su tramitación posterior exigirá apoyo parlamentario. El escollo principal es el mismo que hundió la propuesta anterior: Junts, cuyos votos son necesarios para la supervivencia de la legislatura, ya rechazó este mecanismo en su momento.
La negociación con los grupos parlamentarios está en curso. El Ejecutivo apuesta por que la inclusión de las bonificaciones para vivienda asequible abra una vía de acuerdo que antes no existía, aunque en el mercado se mira con escepticismo cualquier cambio fiscal que dependa de definiciones tan técnicas como "reinversión en tres años" o "índice de precios del Ministerio".
El calendario es ajustado. La presentación en Consejo de Ministros del martes activa un trámite de urgencia que debe culminar en aprobación parlamentaria para tener efecto. Si Junts mantiene su postura, el decreto corre el riesgo de una segunda muerte en pocos meses.
Preguntas frecuentes
¿Qué SOCIMIs se verían afectadas por la subida fiscal?
Solo las SOCIMIs con cartera residencial. Las de hoteles, oficinas, logística y centros comerciales mantienen el tipo actual del 15%.
¿Qué renta máxima define una vivienda como "asequible"?
El tope es de 26.400 euros anuales, o bien que la renta no supere el 30% de los ingresos del hogar, siempre que sea residencia permanente.
¿Cuándo se aprueba el decreto?
El Consejo de Ministros lo tiene previsto para el próximo martes. A partir de ahí, requerirá tramitación parlamentaria con apoyo de Junts.