Renta antigua: el conflicto legal que provoca desahucios
Maricarmen, desahuciada a los 87 años, ha puesto sobre la mesa un modelo de alquiler que sigue vigente en miles de viviendas españolas. Los contratos de renta antigua regulan el precio de inquilinos que firmaron antes de 1985 y que, en muchos casos, pagan cantidades irrisorias por pisos en zonas prime.
Renta antigua: el marco legal que dejó Maricarmen sin casa
Estos contratos nacieron de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, vigente hasta 1985. El inquilino paga una cantidad fijada décadas atrás, suele carecer de garantías de mantenimiento y el propietario no puede desahuciar salvo por causas muy concretas.
El caso de Maricarmen ilustra la tensión entre dos derechos en conflicto. Ella pagaba una renta simbólica por un piso en Madrid. El propietario, una inmobiliaria, logró finalmente el lanzamiento tras años de litigio.
La desamortización exprés de 1985 liberalizó los nuevos contratos, pero dejó vivos los antiguos. Hoy persisten estimaciones de entre 150.000 y 200.000 inquilinos en esta situación, según datos de asociaciones de vecinos.
El precio de la renta antigua: cifras de otro siglo
Los montos mensuales oscilan entre los 50 y los 400 euros, incluso en barrios donde el alquiler libre supera los 1.500 euros. El propietario asume la propiedad formal, pero no percibe rentabilidad ni puede recuperar el inmueble con facilidad.
Esta asimetría ha generado dos fenómenos paralelos. Por un lado, la compra de carteras de renta antigua por fondos especializados que especulan con la expiración natural del inquilino. Por otro, la judicialización creciente de desahucios de personas mayores.
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Maricarmen y el debate inmobiliario que viene
El desahucio de Maricarmen ha coincidido con la tramitación de la nueva Ley de Vivienda, que el Gobierno prevé aprobar antes de fin de año. El texto incluye medidas de protección para inquilinos vulnerables, aunque no regula específicamente los contratos de renta antigua.
Los fondos de inversión y las socimis con exposición a vivienda residencial vigilan de cerca cualquier cambio regulatorio. Una intervención sobre estos contratos históricos podría afectar a carteras valoradas en miles de millones.
La pregunta que queda en el aire es directa. ¿Es sostenible mantener un régimen que deja al propietario sin ingresos y al inquilino sin garantía de permanencia?
Información publicada originalmente por El Confidencial.