Coches eléctricos: comunidades pueden prohibir carga en garajes
La Ley de Propiedad Horizontal acaba de zanjar una polémica que crecía en miles de comunidades de vecinos: los propietarios pueden vetar que un vecino cargue su coche eléctrico enchufándolo a una toma del garaje comunitario. La normativa, que regula la convivencia en edificios de propiedad horizontal, establece que el uso de instalaciones eléctricas compartidas para fines privados queda sujeto a la autorización de la comunidad. El aviso llega en un momento de explosión del parque de vehículos eléctricos en España, donde muchos propietarios optan por soluciones provisionales antes de instalar puntos de recarga propios.
El enchufe del garaje, un recurso cada vez más disputado
La práctica de conectar el vehículo a una toma convencional del parking compartido se ha extendido como solución low cost ante la falta de infraestructura doméstica. Sin embargo, El Confidencial recoge que la LPH otorga a la comunidad de propietarios la facultad de prohibir esta modalidad de carga.
El problema no es meramente normativo. La instalación eléctrica de garajes antiguos no está dimensionada para soportar durante horas la demanda de un vehículo eléctrico. El consumo se imputa al suministro común, lo que encarece la cuota de los vecinos sin coches eléctricos. La tensión entre propietarios se ha agudizado en los últimos meses.
Qué alternativas le quedan al propietario con coche eléctrico
La prohibición no deja al afectado sin opciones, pero sí obliga a pasar por cajas y por acuerdos formales. La instalación de un punto de recarga individual con contador independiente sigue siendo viable, siempre que cumpla con el reglamento electrotécnico de baja tensión y cuente con el visto bueno de la comunidad en junta.
El coste de estos puntos ha caído considerablemente desde 2023, aunque el trámite administrativo y la negociación con la comunidad siguen siendo el cuello de botella principal. Algunas comunidades optan por instalar puntos semicomunitarios, repartiendo el gasto entre varios propietarios interesados.
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El próximo paso: la junta de propietarios como escenario de negociación
La LPH no regula el precio de la energía ni obliga a permitir la carga, pero tampoco prohíbe acuerdos privados. La tendencia en comunidades pioneras pasa por establecer tarifas diferenciadas para quienes recargan en zonas comunes, con contadores individuales que eviten el conflicto de intereses.
La pregunta que queda en el aire es si el sector inmobiliario integrará de serie la preinstalación de puntos de recarga en nuevas promociones, o si seguiremos viendo cables colgando de garajes construidos hace cuatro décadas. ¿Tu comunidad ya ha afrontado este debate?
Información publicada originalmente por El Confidencial.